Friday, December 21, 2018

Mérito ejecutivo de la factura electrónica: la factura debe ser entregada directamente al deudor, y no basta con su recepción por parte del SII

Conforme al artículo 3º de la Ley 19.983, una factura se entiende irrevocablemente aceptada cuando es entregada al deudor, y éste no la devuelve al momento de la entrega, ni reclama de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción.

En consecuencia, para que una factura se entienda aceptada por no haberse efectuado su reclamo dentro de plazo, requisito esencial para proceder a su cobro ejecutivo conforme al artículo 5º de la Ley 19.983, es necesario que el emisor haya entregado la factura al deudor, y este último la haya recibido. Conforme a la ley solo desde dicha recepción se contabiliza el plazo de 8 días para reclamar la factura, puesto que solo desde esa fecha el deudor tiene conocimiento de la existencia de la misma y puede conocer su contenido, incluyendo la glosa que identifica las mercaderías o servicios, lo que resulta esencial para efectuar el reclamo de la factura.

No obstante lo anterior, luego de la dictación en 2017 por parte del Servicio de Impuestos Internos (“SII”) de dos Circulares que regulan el proceso de reclamo de las facturas para el solo efecto tributario de hacer uso del crédito fiscal, se ha intentado instalar ante los tribunales por parte de la industria del factoring una incorrecta interpretación del artículo 3º de la Ley 19.983, que posibilita indebidamente el cobro de supuestas deudas, muchas veces inexistentes, contenidas en facturas electrónicas.

En efecto, con fechas 11 de enero y 23 de junio de 2017, el SII dictó las Circulares nº 4 y nº 35, esta última complementaria de la primera, que regulan requisitos únicamente para efectos de hacer uso del crédito fiscal contenido en una factura electrónica. En estas Circulares se estableció, para el solo efecto de la relación entre el SII y los contribuyentes, que el plazo de 8 días para reclamar las facturas electrónicas comienza desde la recepción de la factura por el propio SII, y no desde la recepción por parte del supuesto deudor de la factura. Basado en lo anterior, ciertos actores de la industria del factoring han manifestado que basta con la sola recepción por parte del SII de una factura electrónica para que se entienda aceptada, sin intervención alguna del deudor, y poder configurar así un título ejecutivo contra el supuesto deudor de la factura.

Sin embargo, es evidente que el alcance legal y jurídico de estas Circulares es solo para efectos de hacer uso del crédito fiscal, tal como se establece expresa e inequívocamente en las propias Circulares, y en ningún caso modifica ni puede modificar las normas de la Ley 19.983 que establece requisitos específicos para la creación de un título ejecutivo, dentro de los cuales está, como es lógico, que el propio deudor reciba la factura y tenga la oportunidad de reclamarla. No es posible sostener ni interpretar que mediante la dictación de Circulares un órgano administrativo, como el SII, pueda modificar leyes aprobadas y dictadas por el poder legislativo de la República, ni crear o modificar títulos ejecutivos.

La norma legal que se refiere al plazo para reclamar una factura desde su recepción por parte del deudor -y no del SII- se ha mantenido inalterada desde la dictación de la Ley 19.983 en 2004 y hasta esta fecha, siendo su última modificación la realizada por la Ley 20.956 que entró en vigencia en noviembre de 2016. Así, cuando se creó la Ley 19.983 para otorgar bajo ciertos requisitos mérito ejecutivo a las facturas, el legislador estableció un mecanismo que involucra a ambas partes de la relación, acreedor y deudor, de forma que, como es lógico, un acreedor no pudiera crear un título ejecutivo de forma unilateral sin intervención del deudor, inventando de esa forma cualquier crédito indebidamente en contra de cualquier persona. La versión original de la Ley 19.983 de 2004 y la de 2009, contemplaron en su artículo 5º c) la necesidad que el deudor de la factura, una vez la recibiera debiera otorgar un recibo expreso de las mercaderías o servicios, entre otras cosas, para que la factura tuviera mérito ejecutivo. Luego, dado que en la práctica para el acreedor era difícil exigir el otorgamiento de ese recibo, el legislador publicó una nueva versión de la Ley 19.983 en noviembre de 2016, donde mediante la modificación del artículo 5º c) se creó una aceptación o recibo de mercaderías o servicios tácito de la factura, de forma que aún cuando no se otorgara el recibo indicado, ésta se considere aceptada si transcurren 8 días desde su recepción por parte del deudor sin que éste la reclame. La necesidad de entregar la factura al deudor permaneció inalterada.

Si bien conforme a la ley existe ahora una aceptación o recibo de mercaderías o servicios tácito, sigue siendo necesaria la intervención del deudor como receptor de la factura, para que, en caso que no la reclame dentro de plazo luego de su recepción, pueda configurarse el título ejecutivo. Ninguna versión de la Ley 19.983 ha contemplado la creación de un título ejecutivo sin intervención del deudor, lo que resulta de toda lógica y consistente con las normas y espíritu general que inspira nuestra legislación civil.

Considerando lo anterior, es indudable que la plataforma denominada “Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE” creada por el SII solo para efectos del uso del crédito fiscal, como lo señalan expresamente las Circulares ya referidas, plataforma que entró en completa operación solamente en agosto de 2017, esto es, nueve meses después de la última modificación legal, así como todos los documentos que emanen de ella, no tienen ningún efecto o relevancia a la hora de considerar los requisitos establecidos en el artículo 5º de la Ley 19.983 para que una factura adquiera mérito ejecutivo, puesto que no dan cuenta de la necesaria recepción de la factura por parte del deudor. Si bastara con la recepción de la factura por parte del SII, cualquiera podría constituir un título ejecutivo en contra de cualquier persona o entidad, incluyendo personas incapaces tales como menores o dementes, o contra ancianos, o personas que viven en el extranjero, bastando la sola emisión de una factura electrónica por cualquier monto que al emisor se le ocurra, con cualquier glosa de mercaderías o servicios que el emisor invente, y esperar 8 días sin avisarle al deudor de la emisión de la factura.

Juan Xavier Barriga
Abogado
LL.M. 2010
Barriga, Morgado & Cia Abogados
www.bmcia.cl